La Contraloría General de la República lanzó una severa advertencia a las autoridades municipales de la región: el incumplimiento en la asignación de recursos o la falta de rendición de cuentas sobre la labor fiscalizadora acarrea responsabilidad administrativa, civil y penal. Según la Ley N.° 31812, los municipios están obligados a destinar entre el 1% y el 2% de sus recursos (provenientes de Foncomun e impuestos municipales) en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 para financiar la fiscalización. Sin embargo, tras revisar la plataforma del MEF, se detectó que diversos distritos han ignorado esta normativa, dejando en cero el presupuesto para que los regidores supervisen la gestión pública.Por otro lado, la situación en las municipalidades provinciales también es preocupante. Si bien estas sí asignaron fondos para la fiscalización, los regidores no están registrando sus gastos en el aplicativo de Balance Semestral de la Contraloría, omitiendo las disposiciones de la Directiva N.° 010-2024-CG/PREVI. La normativa es clara: los regidores y consejeros son los responsables directos de registrar, firmar y presentar estos balances. La falta de transparencia en el uso de estos recursos, sumada a la inacción de algunos funcionarios que cuentan con dinero pero no ejercen su labor, ha puesto a las autoridades locales en la mira del órgano de control para este inicio de año fiscal.
