Reinserción sí, pero con legalidad
Promover el trabajo productivo de los internos es valioso, pero, cumpliendo la ley
El Establecimiento Penitenciario de Moyobamba, en la región San Martín, enfrenta cuestionamientos por el presunto ingreso de madera de origen ilegal sin la debida fiscalización de la Autoridad Regional Ambiental (ARA), en aparente contravención de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N.º 29763).
Fuentes confiables advierten que tablones, vigas e incluso troncos completos estarían ingresando al recinto penitenciario sin contar con las guías de transporte ni la documentación exigida por la normativa forestal vigente. Esta situación plantea serias interrogantes sobre el cumplimiento de los principios de legalidad, trazabilidad y sostenibilidad que rigen el manejo de los recursos naturales en el país.
La madera, según se ha conocido, es utilizada en talleres de carpintería y artesanía como parte de los programas de reinserción social para los internos. Sin embargo, el uso de materia prima de procedencia no acreditada no solo pone en entredicho la legalidad del proceso, sino que también representa una amenaza directa al patrimonio forestal de la región y un atentado a los derechos ambientales de la población.
“La rehabilitación social no puede edificarse sobre prácticas que contradicen las leyes que protegen nuestros bosques. La inclusión y el respeto por los derechos de los reclusos deben ir de la mano con la defensa del medio ambiente”, señala un representante de una organización ambiental nacional, que ha solicitado una intervención inmediata.El artículo 10 de la Ley N.º 29763 establece claramente que son los gobiernos regionales, a través de sus órganos especializados, los encargados de supervisar y controlar el uso de los recursos forestales. La falta de presencia técnica de la ARA dentro del penal impide verificar el origen de la madera, dejando un preocupante vacío de control.A esto se suma el silencio institucional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), al que se le exige activar los mecanismos de control, investigación y, si corresponde, sanción, para evitar que esta situación se normalice o escale.Organizaciones ambientales locales y nacionales han advertido que omitir la fiscalización no solo facilita la deforestación ilegal, sino que también debilita la credibilidad del Estado en la gestión responsable de los bienes comunes. En una región donde la presión sobre los bosques es creciente, este tipo de omisiones resulta inaceptable.
Prohibición de ingreso sin trazabilidadEl uso de madera ilegal constituye delito ambiental – La administración penitenciaria puede ser sancionada por omisión de control.Marco legal: Ley N.º 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Reglamento de Gestión Forestal- Código Penal – Delitos contra los recursos naturales.Nota de redacción: Al cierre del presente informe intentamos comunicarnos con un representante del Impe en la región, sin resultado, lo mismo hicimos con la sede central en Lima, vanos fueron nuestros intentos. A la publicación del informe sería oportuno que el Instituto Penitenciario, aclare el tema.LEYENDA FOTO DE INTERNOS CON MUEBLES DE MADERA:Esta foto es de marzo del 2020, han pasado cinco años, el Impe, no informó ninguna acción similar.
