La norma se publicó este 6 de agosto de 2026 a través de la Resolución Suprema 250-2026-PCM en el diario oficial El Peruano.

Los profesionales nombrados para el organismo económico son Gustavo Yamada Fukusaki, Luis Miguel Palomino Bonilla e Inés Marylin Choy Chong.

Los tres economistas seleccionados ya ocuparon esos mismos cargos en el ente monetario durante anteriores gestiones presidenciales. Gustavo Yamada desempeñó el puesto durante el gobierno de Ollanta Humala, Luis Palomino estuvo en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski e Inés Choy ejerció el cargo en el mandato de Pedro Castillo.

La medida completa la cuota de directores que le corresponde designar al Ejecutivo para el periodo vigente.

¿Quiénes son los nuevos integrantes del directorio del Banco Central de Reserva?

Gustavo Yamada Fukusaki, Luis Miguel Palomino Bonilla e Inés Marylin Choy Chong fueron nombrados como representantes directos del Poder Ejecutivo.

Los tres profesionales cuentan con experiencia previa en el Banco Central de Reserva del Perú por haber ejercido funciones en periodos gubernamentales pasados.

La designación oficial lleva la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, y del jefe del gabinete ministerial, Luis Galarreta Velarde.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, también suscribió el dispositivo legal que avala sus incorporaciones a la mesa directiva.

¿Por qué el Poder Ejecutivo realiza estas designaciones en el BCR?

El artículo 86 de la Constitución Política del Perú establece que el directorio del Banco Central de Reserva está formado por siete miembros.

La norma constitucional señala de forma clara que al Gobierno central le corresponde nombrar a cuatro de los integrantes de este colegiado.

El mandato constitucional estipula que los directores son nombrados por el mismo periodo que dura el mandato presidencial.

La ley precisa además que ninguno de los profesionales designados representa a alguna entidad privada o a un interés particular durante el ejercicio de sus funciones.

¿Qué cambios adicionales se realizaron en el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía?

El Ministerio de Economía y Finanzas nombró a Clara Urteaga Goldstein como la nueva presidenta titular del Tribunal Fiscal.

La funcionaria venía ejerciendo la conducción de esta institución en calidad de encargada desde diciembre del año pasado.

El Tribunal Fiscal es la máxima instancia administrativa que resuelve los reclamos de los contribuyentes frente a las deudas tributarias y aduaneras.

La formalización de la presidencia busca agilizar los trámites y expedientes pendientes dentro de la estructura de resolver controversias del Estado.

Además, designó a Oliver Thomas Alexander Stark Preuss como nuevo presidente del directorio, marcando su retorno a la compañía poco más de dos años después de haber encabezado el directorio que renunció en bloque tras advertir sobre la crítica situación financiera de la petrolera.

De acuerdo con el hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), fueron retirados de sus cargos Edmundo Raúl Antonio Lizarzaburu Bolaños, Richard Abel Almerco Soto, Julio César de la Rocha Corzo y Carlos Alberto Lezameta Escribens, siendo el 6 de agosto su último día en funciones. Desde el 7 de agosto se declara la vacancia de esos puestos.

Nueva recomposición del directorio

La Junta General de Accionistas precisó que la recomposición del directorio se realiza al amparo de la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32103 y del Decreto de Urgencia N.° 004-2024, normas que permiten una reorganización transitoria e inmediata del directorio de la empresa, dejando sin efecto, para este proceso, las reglas ordinarias de selección y designación previstas en el estatuto de Petroperú.

Como parte de esta decisión, fueron designados como nuevos miembros del directorio:

• Oliver Thomas Alexander Stark Preuss
• César Augusto Burga Rivera
• Daniel Enrique Cabrera Ortega
• Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez.

Asimismo, la Junta acordó nombrar a Oliver Stark como presidente del directorio desde el 7 de agosto, mientras que Carlos Adrián Linares Peñaloza permanecerá como integrante del órgano de gobierno. También se informó que en una próxima sesión se definirá si los nuevos directores tendrán la condición de independientes o no independientes.

El antecedente: la renuncia del directorio en 2024

El retorno de Oliver Stark ocurre luego de uno de los episodios más críticos en la historia reciente de Petroperú. En mayo de 2024, cuando presidía el directorio transitorio de la empresa, Stark y el resto de los directores emitieron un duro pronunciamiento público en el que alertaban que la situación financiera de la petrolera era «extremadamente grave» y cuestionaban que el plan de reestructuración se sustentara en la premisa de que el Estado continuaría brindando apoyo financiero ilimitado a la empresa.

El directorio informó que ese diagnóstico había sido entregado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al Ministerio de Energía y Minas (Minem), a los accionistas y a la entonces presidenta Dina Boluarte.

En ese comunicado, los directores advirtieron que Petroperú enfrentaba pérdidas proyectadas por US$ 716 millones en 2024, una reducción de su participación de mercado del 51 % al 25 %, problemas de liquidez, un elevado endeudamiento asociado a la Nueva Refinería Talara y deficiencias en la gobernanza corporativa.

 Además, señalaron que la empresa requeriría aproximadamente US$ 2.200 millones adicionales de respaldo estatal, pero consideraron que solicitar más recursos públicos sin cambios profundos en la gestión sería «irresponsable» y plantearon que una administración privada era la mejor alternativa para recuperar la sostenibilidad financiera.

Tras emitir esa advertencia y no obtener una definición del Gobierno sobre la autonomía que solicitaban para ejecutar la reestructuración, Stark y los demás integrantes del directorio presentaron su renuncia, argumentando que no existían las condiciones para continuar con el proceso de recuperación de la empresa.

Su designación nuevamente al frente del directorio marca el regreso del ejecutivo a una petrolera estatal que continúa enfrentando desafíos financieros y de gobernanza.

La presidenta Dina Boluarte reabrió el debate sobre la pena de muerte en medio de la insostenible crisis de seguridad que vive el  Perú. Un día después del asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, la mandataria lanzó un mensaje directo a los criminales.

“A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte”, expresó en su discurso desde Independencia, donde participó en la inauguración del año escolar 2025. Sus palabras causaron controversia, ya que la medida es jurídicamente inviable en el país.

El pronunciamiento de Boluarte ocurre en un contexto de extrema violencia. En las últimas semanas, colegios, empresarios y agrupaciones musicales fueron blanco de amenazas y ataques. La muerte de Flores fue un punto de quiebre en la indignación social.

La mandataria evitó mencionar el asesinato del cantante, pero sí reconoció el aumento de crímenes a manos de sicarios. “Vamos a seguir enfrentando a estos delincuentes”, afirmó, aunque no detalló nuevas estrategias contra la inseguridad.

Boluarte también abordó las extorsiones a colegios privados. Como única respuesta, destacó la implementación del Plan Escolar Seguro 2025, con el despliegue de 3,000 policías y 5,000 brigadas de autoprotección.

El discurso presidencial incluyó una dura crítica a sus opositores y a las autoridades que la investigan. “Se los digo en negrita y resaltado, pueden inventarme todo lo que quieran, pero nunca acusarme de recibir coimas”, manifestó.

El debate sobre la pena de muerte vuelve a la agenda política, pero enfrenta un obstáculo insalvable: los tratados internacionales firmados por el Perú. Para aplicarla, el país tendría que retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Más sobre Dina Boluarte hablando sobre la pena de muerte

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, ratificó su deseo de ser el mandatario de todos los peruanos por segunda vez, pese a que en la actualidad cuenta con una doble inhabilitación que lo limita de ejercer puestos en cargos públicos. Al respecto, indicó que en un sistema democrático debe ser el pueblo peruano quien decida su destino.

«Como todo ciudadano, yo tengo el derecho de poder hacer vida política y como tal soy parte del partido Perú Primero, que va a participar en las elecciones del 2026 con candidatos a la presidencia, senadores, diputados, municipios y gobiernos regionales. Como todo ciudadano, tengo derecho de ser precandidato», declaró Vizcarra a la prensa.

El exjefe de Estado brindó dichas declaraciones a la salida de una audiencia con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.

Inhabilitaciones de Vizcarra

Por el momento, Vizcarra no está en capacidad de ejercer vida política activa debido a que no podría ostentar un cargo público. La primera de las dos inhabilitaciones que posee responde a irregularidades detectadas en la vacunación de dosis de Sinopharm durante la pandemia del Covid 19. Este caso es conocido como ‘Vacunagate‘ y le impide ejercer cargos públicos por diez años.

«Sería un hecho inédito que el que denunció al Club de la Construcción tenga una condena y todos los denunciados que han aceptado el delito estén felices, gozando de la vida, con todos los miles de millones que le robaron al Estado», precisó al respecto.

Fallecimiento de Walter Matos

Por último, el exmandatario lamentó el fallecimiento del general Walter Martos, quien fue representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) durante parte de su gestión como presidente.

«Expreso mi más profundo pesar y acompaño en su dolor a la familia del general Walter Martos, expremier durante mi gobierno. Un político ejemplar formado en la disciplina militar. Su lamentable deceso enluta a todos los que integraron el gabinete Martos. Descansa en paz, amigo Walter», publicó a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Así, Martín Vizcarra, expresidente del Perú, insistió en su ambición por volver a la Presidencia de la República, pese a que cuenta con una doble inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos por quince años.

La pregunta D, sobre el arbitraje internacional, tuvo un 64.88% por el no. La pregunta E, sobre el trabajo por horas, tuvo un 68.83% por el no. Estas fueron las únicas dos preguntas donde el no se impuso.